Chema Soto analiza el proyecto de reforma del Estatuto Marco desde las principales reivindicaciones de la profesión médica. Clasificación profesional, jornada y guardias, jubilación y capacidad de negociación constituyen, a su juicio, los grandes puntos que deberán volver a abordarse cuando la reforma se retome en una nueva legislatura.
Después de haber participado directamente en la negociación, ¿en qué aspectos diría que se ha avanzado y cuáles siguen siendo los principales puntos de desacuerdo?
Cuando se negocia se intercambian posturas, ideas y documentos y se avanza en una dirección. El problema que hemos tenido, tanto en la mesa del Ámbito como en las pocas reuniones que hubo con el Ministerio, es que no se ha avanzado en los planteamientos fundamentales que los médicos llevamos manteniendo desde enero de 2025.
Tenemos un proyecto que no ha dado respuesta a los problemas que venimos planteando. En todo este proceso no hemos conseguido avanzar en las cuestiones que para nosotros son esenciales.
¿Qué reivindicaciones planteadas por los médicos considera que no se han incorporado?
Ni hay mejoras en la clasificación profesional en la línea que defendemos, ni existe un ámbito de negociación propio, ni se ha planteado un estatuto propio del médico, que es una de nuestras reivindicaciones fundamentales.
Además, en el articulado se han rechazado de forma sistemática aspectos que consideramos específicos del trabajo médico y que tienen que ver con la responsabilidad, los horarios, las guardias, la disponibilidad y las condiciones en las que se ejerce.
No apoyamos el texto por una cuestión conceptual —queremos que los problemas laborales de los médicos puedan negociarse directamente por sus representantes—, pero también porque no se ha aceptado prácticamente nada de lo que hemos propuesto.
«No se ha aceptado prácticamente nada de lo que hemos propuesto».
¿Qué aspecto del modelo puede tener un mayor impacto negativo sobre las condiciones de trabajo de los médicos?
Uno de los principales problemas es que se mantiene el modelo de las guardias obligatorias que ya existe en el Estatuto de 2003. Se introducen algunos cambios, pero para nosotros son ligeros maquillajes.
Por ejemplo, se puede bajar el promedio máximo semanal de 48 a 45 horas y presentarlo como una mejora. Pero, en la práctica, sabemos que esos límites pueden volver a incumplirse si la guardia continúa siendo obligatoria y se mantiene el mismo modelo organizativo.
Ese modelo ha permitido durante años un uso excesivo de la disponibilidad del médico. Si se consolida de nuevo para las próximas décadas, seguiremos arrastrando los mismos problemas.
La jubilación también ha sido una de las reivindicaciones. ¿Qué cambios reclamaban?
Habíamos planteado avances en dos aspectos muy concretos. Uno es la jubilación parcial. Es una posibilidad reconocida para trabajadores de otros ámbitos y pedíamos que pudiera reconocerse también en el sistema sanitario.
El segundo aspecto es más complejo: que se tenga en cuenta el principio de hora trabajada, hora cotizada. Es decir, que todas las horas extraordinarias que los médicos realizan a lo largo de su vida laboral puedan tener un reflejo a la hora de la jubilación.
En ninguno de esos dos puntos consideramos que se haya avanzado de manera suficiente.
¿Qué objeciones plantean a la clasificación profesional?
La formación médica tiene unas características específicas. La titulación universitaria tiene una carga formativa superior y, además, para trabajar como especialista en el sistema es imprescindible completar la formación sanitaria especializada.
Sin embargo, entendemos que la clasificación propuesta no reconoce adecuadamente esa diferencia y termina aproximando categorías profesionales cuyos requisitos de formación y especialización no son equivalentes.
Para nosotros, la clasificación profesional, el ámbito propio de negociación, la jornada y la jubilación son cuestiones nucleares.
Más allá de estos grandes asuntos, ¿qué otros problemas identifica?
También están la conciliación, la movilidad forzosa y el reconocimiento de la responsabilidad del médico dentro del sistema.
El problema es que no vemos avances significativos en esos ámbitos. Puede haber organizaciones que consideren que existen mejoras para otras categorías, pero desde la perspectiva médica nuestra valoración del proyecto es negativa en aspectos esenciales.
«Este proyecto de ley no nos sirve de ninguna manera; no nos sirve para nada».
¿Qué debería ocurrir cuando la reforma vuelva a abordarse en una nueva legislatura?
Nuestra posición es que debe abrirse una negociación real desde el principio. Queremos que se pueda volver a negociar en la línea de las reivindicaciones médicas y que los propios representantes de la profesión participen directamente en esa negociación.
El sistema sanitario y el ejercicio médico cambian muy deprisa. No podemos volver a aprobar una norma pensada para durar otros veinte años sin capacidad suficiente para adaptarse y sin mecanismos ágiles de negociación con quienes representan a los médicos.
¿Qué le diría a un médico que considere que el texto puede ser suficiente con algunas modificaciones?
Que lea el proyecto y valore si responde realmente a los problemas que tenemos. Desde el inicio hemos considerado que las modificaciones introducidas han sido fundamentalmente cosméticas.
El modelo de los últimos años ha contribuido al desgaste profesional, al abandono de la sanidad pública y a que el médico tenga cada vez menos capacidad de decisión sobre su propio trabajo.
El médico quiere ejercer su responsabilidad, aplicar sus conocimientos científicos y mejorar la salud de sus pacientes. Cuando el sistema burocratiza y funcionaliza en exceso ese trabajo, aumenta la distancia entre el profesional y la sanidad pública.
Por eso defendemos que la próxima oportunidad sirva para negociar de verdad. Nuestra responsabilidad como organización es presionar, dialogar y negociar, manteniendo siempre abierta esa posibilidad.
Representante de CESM.