La norma equipara determinados grados de dependencia con porcentajes de discapacidad y amplía derechos en el ámbito sanitario. En Madrid, el ICOMEM mantiene su programa de capacitación de médicos para la evaluación de la discapacidad, mientras los profesionales incorporados al convenio con la Comunidad superan ya los 4.000 expedientes tramitados.
La entrada en vigor de la nueva Ley 4/2026 introduce cambios relevantes en el reconocimiento y la atención a las personas con discapacidad y dependencia que afectan también al ámbito sanitario y al trabajo de los profesionales que participan en los procesos de valoración.
La norma, publicada en el BOE el 3 de octubre y que entrará en vigor el próximo 23 de octubre, reforma la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Una de las principales novedades es la aproximación entre ambos sistemas de reconocimiento. A efectos de la Ley de Discapacidad, las personas con dependencia grado I pasarán a considerarse con un 33 % de discapacidad, mientras que aquellas con dependencia grado II o III se asimilarán al 65 %. La propia norma establece, sin embargo, límites a esta equivalencia: sus efectos se circunscriben a los ámbitos en los que esté expresamente contemplada y no se aplican al ámbito tributario. Además, una persona dependiente podrá solicitar que se valore su discapacidad real si necesita acreditar un grado diferente.
El cambio pretende evitar que determinadas personas tengan que pasar innecesariamente por dos procedimientos administrativos distintos, uno de dependencia y otro de discapacidad. Esto no supone, sin embargo, la desaparición de la valoración específica del grado de discapacidad. El procedimiento regulado por el Real Decreto 888/2022 continúa siendo necesario para determinar el grado real cuando se requiere una valoración individualizada.
La nueva ley introduce además cambios directamente relacionados con la práctica sanitaria. Refuerza la accesibilidad universal dentro del Sistema Nacional de Salud y establece que las actuaciones sanitarias deben tener en cuenta de manera específica las necesidades de las personas con discapacidad. También incorpora un enfoque reforzado de prevención, diagnóstico precoz, atención temprana, rehabilitación y salud mental.
En el ámbito de la dependencia, la valoración deberá considerar expresamente los informes de salud y de cuidados realizados por el profesional de medicina o enfermería de referencia, junto con las capacidades físicas, cognitivas y funcionales de la persona y las características de su entorno. La ley fija además un plazo máximo de tres meses para resolver el procedimiento de dependencia y obliga al Gobierno a aprobar en el plazo máximo de un año un nuevo baremo de valoración. BOE
Más de 4.000 expedientes valorados en Madrid
La reforma llega mientras la Comunidad de Madrid está reforzando sus propios procesos de valoración. A través del convenio suscrito con el ICOMEM, 46 médicos incorporados al programa habían tramitado ya más de 4.000 expedientes en septiembre, prestando apoyo a los diez centros base de la red pública y al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil.
El Colegio mantiene, además, el Curso de capacitación para la evaluación de la discapacidad, desarrollado en colaboración con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. La formación, de 50 horas y modalidad online y presencial, aborda el Real Decreto 888/2022, los diferentes baremos de valoración, la elaboración del dictamen médico, el uso de BAREDI y casos clínicos prácticos.
La nueva legislación amplía, por tanto, el marco de derechos y simplifica determinados reconocimientos, pero al mismo tiempo mantiene la necesidad de contar con profesionales específicamente formados para aquellas situaciones que requieren determinar de forma individualizada el grado de discapacidad.